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“Prefecturi, ahora le diré Gobernaduri”, le dijo, fiel a su estilo, el alcalde Percy Fernández, a un Rubén Costas que acababa de nacer como el primer Gobernador del Gobierno Autónomo de Santa Cruz.
Eran las 11.30 de la mañana y en el salón -al que ayer le sacaron el letrero de Consejo Departamental para colocarle el de Asamblea Legislativa- no había dónde poner un dedo.
“Síganme diciendo Rubén”, le respondió la primera autoridad política que ayer puso en consideración de la flamante Asamblea Legislativa, tres leyes, para empezar la vigencia el Estatuto Autonómico como aplicación del derecho emergente y ordenar la estructura jurídica con una legislación básica destinada a satisfacer las necesidades y medidas de orden social económico y político.
Son la Ley del Diálogo Departamental, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley del Consejo Económico y Social que serán tratadas la próxima semana.
Las tres leyes que deben ser tratadas por la Asamblea
Ley del diÁlogo
Se pretende instalar once mesas de diálogo, será un instrumento y espacio para construir el nuevo modelo de desarrollo, un desarrollo con identidad propia que comprende algunos principios como son el emprendimiento la productividad y la solidaridad.
Será un espacio de concertacion amplio, activo y flexible donde todos sean parte del diseño de implementación de la autonomía y sea el instrumento para retomar la planificación y el desarrollo de la región.
Ley de transparencia
El gobernador Rubén Costas señaló que uno de los principios de la administración pública es precisamente la transparencia.
Por esa razón se hace necesario el instrumento de derecho elemental de que toda persona como miembro de la comunidad y los individuos deben poder acceder a la institución pública como un mecanismo para que la participación sea más efectiva y se realice sobre datos ciertos y sepan en forma oportuna y cercana qué se está haciendo o dejando de hacer.
Consejo econÓmico
Será integrado por varias instituciones y analizarán primeramente la consolidación del salario mínimo departamental de 1.000 bolivianos.
Busca promover el desarrollo productivo en una alianza entre trabajadores y productores, entre el capital y el trabajo.
“Es la mejor señal que cuando nos ponemos de acuerdo podemos convivir en forma pacífica, en busca de la solidaridad y la equidad”, dijo el jefe de la COD, Edwin Fernández.
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