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Mentiras sobre la autonomía
Winston Estremadoiro*
barlamentos Quizá no es mi a veces enrevesada sintaxis el medio más indicado para acotar sobre las mentiras del Gobierno, referentes a los estatutos autonómicos que se consultarán el próximo 4 de mayo en Santa Cruz. Pero me enerva el desatino gubernamental de socavar la legitimidad de la consulta autonómica, como si se estuviese jugando su permanencia en el poder.
Fíjense en el pontificar del Vicepresidente de que es encuesta cara sin validez legal. Le quita toda justificación a los viajes del Canciller para buscar apoyo en países vecinos. Le resta toda razón a la reunión de Evo Morales y sus pares del ALBA, también subalternos, con su jefecito despilfarrador de la bonanza petrolera de Venezuela, entrometido en asuntos internos de Bolivia al advertir de intervención para apoyar al ahijado boliviano. Le roba fundamento a talegazos repartidos a dirigentes sindicales para convocar mítines de repudio a una mentirosa división de Bolivia por “oligarcas cruceños que suben precios de la canasta familiar”. ¿Acaso semejantes dispendios del Gobierno no hacen una pigricia del costo del referendo del 4 de mayo?
Juan Carlos Urenda Díaz y su Legalidad y causalidad de los Estatutos Autonómicos, que ojalá tuviera amplia difusión, me da pierna para ensayar apuntes sobre el tema. Lo haré así sacara de la cama para votar por el Sí a la Autonomía a un solo inscrito en Santa Cruz; así hiciera tomar conciencia a un solo ciudadano del resto del país de las falacias inducidas por el Gobierno.
Confieso mi error simplista de que los excesos de la Constitución ilegal del MAS y los de los Estatutos Autonómicos me parecían una pulseta insulsa, como esas de muchachos en que primero pecheaba el uno, el otro retribuía con pecheada más violenta, y luego se trenzaban a piñas en el suelo.
No es tan así, porque lo primero que Urenda documenta es que los Estatutos Autonómicos, en estricta adhesión a la Constitución vigente, devienen de un referéndum vinculante, anterior a la Asamblea Constituyente, que fue aprobado en 4 de los 9 departamentos de Bolivia.
Tampoco es cierto lo que dicen adláteres gobiernistas, de que los estatutos se aprobaron de forma conspirativa en Santa Cruz, por el Prefecto y el Presidente del Comité Cívico, sus esposas, cocineras, choferes y el pichicho que alguno tuviera. En los distritos donde ganó el Sí, de acuerdo a la Carta Magna, los estatutos fueron aprobados por “asambleas departamentales conformadas por todas las personas elegidas, directa o indirectamente, por voto popular y que ostentaban la máxima representación popular posible dentro del marco de la democracia representativa”. Incluyendo los indígenas.
Según Urenda, el punto de partida es el incumplimiento de la Asamblea Constituyente del mandato constitucional del referéndum por las autonomías: “Si la Asamblea hubiese cumplido con el mandato soberano de incorporar en el Proyecto un régimen de autonomías departamentales pleno (no engañoso), los estatutos autonómicos, en la forma como se aprobaron, no hubieran existido, sencillamente porque el régimen autonómico hubiera estado en el texto constitucional y los estatutos se hubieran limitado a desarrollar las competencias asignadas constitucionalmente”.
El proyecto de Constitución del MAS empezó por incurrir en varias ilegalidades contrarias al reglamento consensuado entre mayorías y minorías, culminando en su aprobación entre gallos y media noche en un cuartel militar, y su posterior refrendación en recinto blindado en Oruro. El texto, que ni fue leído, no contempla descentralización política, ni establece competencias propias de regímenes autónomos. Para terminar de desinflar las autonomías, en sinuoso dividir para reinar el Gobierno centralista crea seis niveles de gobierno regional en desmedro de gobiernos departamentales y municipales. Culmina la castración iniciada con la confiscación abusiva del IDH, con el abusivo diktat de que las normas departamentales y municipales se pueden modificar con simple decretos. ¿Para qué autonomía entonces?
Algo de semejante mamada ya preveía la voluntad del soberano. En los cabildos abiertos del millón en Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija el 15 de diciembre de 2006, a guisa de advertencia a la Asamblea, se resolvió que en caso de incumplir ésta el mandato vinculante del Referéndum por Autonomía, las prefecturas debían someter al pueblo -el soberano- la aprobación de un régimen autonómico propio. Esto es lo que sucederá en Santa Cruz el 4 de mayo, en Beni y Pando el 1 de junio y en Tarija el 16 de julio.
¿Qué pito toca una Corte Nacional Electoral (CNE) emasculada de su carácter independiente por el Gobierno del MAS? Bueno, la CNE parece la flauta dulce en la orquesta gubernamental que dirige Hugo Chávez y donde el primer violín es Evo Morales, con cantaletas televisivas dirigidas a disuadir la participación de jueces electorales y votantes en el referéndum de Santa Cruz. Pero como anota Urenda, las cortes departamentales están habilitadas para administrar referendos regionales, por los artículos 1, 2 y 6 de la Ley del Referéndum, el artículo 2 de la Ley 1836 y el Nº 35 del Código Electoral. Es más, se concede la presunción de constitucionalidad en las convocatorias efectuadas por los prefectos.
En otra ridícula vuelta de tuerca de la presión del Gobierno centralista de Evo Morales, se congelaron cuentas prefecturales en el sistema nacional, 10 días antes del domingo de la consulta al soberano en Santa Cruz. Apuesto a que ni este abuso, ni siquiera el arribo de aviones con milicos venezolanos y cubanos, podrán cambiar la voluntad de los pueblos cruceño, beniano, pandino y tarijeño en administrar sus propios recursos para llevar a mejores días sus destinos como regiones bolivianas. Aunque Hugo Chávez y su acólito boliviano se paren de cabeza, ¡viva la autonomía!
winstonest@yahoo.com.mx |