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Carlos Hugo Molina, abogado ¿Cuáles han sido los aciertos y las falencias de la lucha por la autonomía en el proceso de su demanda? Los aciertos están claros. Es una propuesta que es perfectamente ajustable, ejecutable en cualquier departamento. Está resistida en la forma de hacer la propuesta. Hay una serie de temas que han sido difíciles de compartir con los otros departamentos y con otras regiones. Ese es un espacio donde hay muchísimas susceptibilidades, situaciones que han impedido conocer a fondo las propuestas, pero que las conversaremos luego que pase el proceso de la elección del día domingo. Este es el momento de afirmar y confirmar que el resultado por el referéndum sea el positivo. ¿A dónde conduce la lucha por la autonomía? A la democratización del Estado, al fortalecimiento de la ciudadanía, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la consolidación de la participación ciudadana. ¿Qué riesgos enfrenta el proceso hacia la autonomía? Ninguno diferente de los riesgos que han ocurrido en los demás países donde se ha aplicado. Países que ya han pasado por este proceso como estado unitario. Están Colombia, Perú, Paraguay, ha avanzado Ecuador. También en esta materia han tenido una serie de enseñanzas que nos deben servir para no caer en lo negativo y aprender de las cosas positivas. Hay una lista de temas que deben ser tomados en cuenta: los endeudamientos de los niveles subnacionales, la coherencia de las competencias que el nivel nacional, departamental y municipal deben tener, la inclusión de los actores sociales, políticos, económicos y productivos para que fortalezcan el proceso. Hay una regla del tratamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Aspectos que, en países que ya se han desarrollado, dan lecciones por aprender para no repetir errores. ¿Qué se debe hacer para consolidar la autonomía después del 2 de julio? Ahí empieza el debate más importante que tiene dos características: el dibujo el diseño de ese nuevo Estado que debe recoger todo lo que hemos avanzado como parte de un proceso que tendrá, en la redacción específica de la Constituyente, un nuevo capítulo que se incorporará de manera efectiva en esa materia, por un lado. Por otro, el ejercicio de la práctica que está desarrollándose en este momento en las prefecturas, en los departamentos, porque el modelo que debe ser recogido por los constituyentes es el modelo de gestión que se practica en este momento en la Prefectura, reconociendo que ha habido situaciones de error y que deben superarse y recogiendo las virtudes. Entonces, la articulación necesaria entre prefecturas y municipios, la planificación participativa que no concluya solamente en los niveles locales, sino que propone a todos los actores en nivel departamental. La inversión concurrente entre los niveles públicos, pero también con los actores privados, el desarrollo de capacidad en materia de desarrollo económico local, de fortalecimiento de capacidades productivas. Cada una de estas materias tendrán que ser llevadas al texto constitucional recogiéndose la práctica de lo que se está ejecutando. Por eso este proceso tiene esas dos características: un debate, una discusión muy fuerte y un testimonio que deben dar en este momento las nueve prefecturas respecto a lo que están haciendo en este modelo de transición. La autonomía lleva a la democratización del Estado, fortalecimiento de la ciudadanía, institucionalidad democrática y participación ciudadana.
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